La audiencia del coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular comenzó el lunes por la mañana y se ha suspendido en dos ocasiones.

| junio 5, 2014
Pero en la noche del miércoles, según denunció la defensa, la fiscalía pretendía reformular la acusación. Esta maniobra ha retrasado una decisión que es esperada con mucha expectativa. López, coordinador nacional de Voluntad Popular, quien está detenido desde hace 105 días en una prisión militar de las afueras de Caracas acusado de ser el autor intelectual de los disturbios del 12 de febrero en el centro de la capital venezolana que marcaron el comienzo de una espiral de violencia que hasta ahora ha dejado 42 fallecidos. Junto a la diputada María Corina Machado, que este miércoles ha sido citada por la fiscalía para que declare en la investigación sobre los supuestos planes para asesinar al presidente Nicolás Madurodenunciados por el partido de gobierno, y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, López encabeza un ala de la oposición que exige en la calle la renuncia de Maduro. Mientras el Gobierno lo acusa de organizar un movimiento para derrocarle, el dirigente asegura que su convocatoria está apegada a lo dispuesto en la Constitución venezolana.
Los alrededores del Palacio de Justicia en Caracas están acordonados por un fuerte operativo policial y los familiares han denunciado las restricciones de la Guardia Nacional Bolivariana para conversar con López en los recesos. Sin embargo, mientras se conoce la sentencia en las redes sociales mostraron una foto de López, quien luce una barba poblada, conversando con su esposa Lilian Tintori y una persona que aparece de espaldas. La audiencia tampoco ha sido presenciada por la prensa local porque los alguaciles le han impedido la entrada a la sala.
De esta decisión dependerá en buena medida que se retome o no el diálogo entre el gobierno y la oposición, suspendido desde hace un mes. El martes la diputada opositora al Parlamento Latinoamericano Delsa Solórzano declaró que era vital la liberación de López como una muestra de la buena voluntad del Gobierno para retomar las conversaciones, que cuentan con tres cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones y el embajador del Vaticano en Venezuela como terceros de buena fe.
Es la última carta para acercar dos posturas que hoy lucen muy distantes. La semana pasada el Poder Judicial negó la medida humanitaria solicitada por el excomisario Iván Simonovis, considerado como un preso político por la oposición, otra de las propuestas presentadas por la opositora Mesa de la Unidad para continuar. El chavismo arguye que los familiares de las víctimas caídas durante los disturbios previos al golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, muertes que le achacan a Simonovis, no están de acuerdo con liberar al exfuncionario de la policía científica. “Para que haya paz debe haber justicia”, ha dicho el presidente Maduro.