Según una fuente sin identificar del TSC, esta entidad también deberá determinar la posible existencia de abuso de autoridad, para luego emprender las acciones administrativas y penales
| junio 19, 2013
Tegucigalpa: El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investiga éste miércolesa ocho altos oficiales de la Policía Nacional de Honduras por presunto enriquecimiento ilícito, a quienes se les atribuye una fortuna de más de tres millones de dólares.
Un reporte especial del diario La Prensa, publicado este miércoles en su web, revela que entre los procesados destacan dos exdirectores generales de este cuerpo armado, cuyos expedientes fueron abiertos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp).
Un reporte especial del diario La Prensa, publicado este miércoles en su web, revela que entre los procesados destacan dos exdirectores generales de este cuerpo armado, cuyos expedientes fueron abiertos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp).
José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid, los dos principales implicados, desempeñaron su cargo durante la mitad de la gestión del presidente Porfirio Lobo (enero 2010), pero fueron separados por sendos escándalos de presunta corrupción y por malos resultados en el combate contra la criminalidad.
Actualmente Del Cid se encuentra refugiado con su familia en Estados Unidos, luego del asesinato de su hijo, precisa el rotativo.
Entre los seis comisionados generales de la Policía acusados figura René Maradiaga Panchamé, quien fungió como director nacional de Tránsito, pero fue separado del cargo tras el asesinato de unos estudiantes universitarios.
Una investigación de la Diecp, publicada en marzo último, reveló que Panchamé poseía en ese momento las empresas de transporte Maradiaga y Maradiaga Express, y en sus cuentas bancarias registraba más de 448 mil dólares, de los cuales poco más de la mitad eran de origen desconocido.
De acuerdo con las pesquisas en poder del TSC, el patrimonio de estos oficiales no se corresponde con los ingresos regulares que percibieron durante los años de servicio, lo que pudiera derivar en el delito de enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones, dirigidas inicialmente a 10 altos jerarcas castrenses de un total de 73 sospechosos, revelaron incongruencias en la información aportada por bancos, empresas y propiedades en poder de ellos.
Según una fuente sin identificar del TSC, esta entidad también deberá determinar la posible existencia de abuso de autoridad, para luego emprender las acciones administrativas y penales ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, si fuera necesario.
