La suspensión de las garantías del gobierno de facto se debe a que el derrocado presidente Manuel Zelaya llamó a una «ofensiva general» para recuperar el poder.
| septiembre 28, 2009
TEGUCIGALPA, Honduras. (DPA).- El gobierno de facto de Honduras emitió un decreto ejecutivo que busca restringir garantías constitucionales, como libre circulación y opinión.
Pero el decreto debe ser ratificado, modificado o rechazado por el Congreso (parlamento unicameral) para que entre en vigencia, según el comunicado leído hoy en cadena nacional de radio y televisión.
El documento destaca que se restringe "toda reunión pública no autorizada" y que la policía, con el apoyo de los militares, queda autorizada a "disolver cualquier reunión o manifestación" no autorizada o que tenga permiso pero "altere el orden público, la paz y la tranquilidad social".
También se buca "impedir la emisión por cualquier medio hablado, escrito o televisado de manifestaciones que atenten contra la paz, el orden público o que ofendan la dignidad humana a los funcionarios públicos o atenten contra la ley y las resoluciones gubernamentales".
En ese sentido, el ente gubernamental regulador de las telecomunicaciones, Conatel, quedaría "autorizado para suspender inmediatamente cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable" que no cumpla con las disposiciones.
También se desalojará a las personas que mantienen ocupadas instalaciones públicas.
La suspensión de las garantías del gobierno de facto se debe a que el derrocado presidente Manuel Zelaya llamó a una "ofensiva general" para recuperar el poder.
Zelaya se encuentra alojado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
