Resaltó que la ley 9 de 1997 en efecto, derogó un Decreto Ejecutivo de 1969 que permitía al Ejecutivo negociar Petaquilla.
| diciembre 27, 2021
En días pasados y luego de varios años, se publicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante el cual declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, por la cual se aprobó el contrato entre el Estado panameño y la sociedad minera Petaquilla, S.A.
La decisión de la CSJ al respecto fue emitida en diciembre de 2017 y respondió a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
Tras este fallo, el abogado Harley Mitchell se refirió al tema, indicando que el contrato ley que establecía una relación entre el Estado panameño y Petaquilla S.A. “que después se ha como permitido ese contrato que se ha dividido, ha cedido, ha negociado con otros privados y ahora uno de sus herederos que es Minera Panamá, el gobierno finalmente cumple con su deber público de ponerlo en Gaceta Oficial, ya que según la disposición de la Corte Suprema de Justicia sufría o establecía efectos inmediatos, aunque no fuese así, ya era un hecho notorio la voluntad de la Corte”.
Cabe señalar que, de acuerdo con la demanda de inconstitucionalidad, la ley mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla infringió los artículos 4, 17, 19, 46, 50, 118, 159, 184, 257, 259, y 266 de la Constitución de la República de Panamá, y los artículos 11 del protocolo de San Salvador y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
En la demanda se señala que el contrato fue aprobado pese a que cuando se firmó estaba vigente el régimen de concurrencia de agentes económicos previstos en el Decreto de Gabinete 267 de 1969, el cual fue desconocido en el proceso de negociación y suscripción de dicho contrato.
“Todo lo que es extractivo, no importa si es madera, bosques, agua, esas relaciones con el Estado dependen de un contrato, así como de un acto administrativo que lo autorice”, explicó el jurista.
También hizo alusión a las negociaciones que mantiene el Ejecutivo con Minera Panamá, manifestando que dicha empresa desde hace mucho tiempo no tiene contrato, “y esto simplemente cumple un mero formalismo de comunicación, a través de Gaceta Oficial la semana pasada, esto no quiere decir que esa comunicación no se hizo efectiva al ser ya un hecho notorio de que esta empresa carecía de relación con el Estado panameño”.
Resaltó que la ley 9 de 1997 en efecto, derogó un Decreto Ejecutivo de 1969 que permitía al Ejecutivo negociar Petaquilla.
El letrado señaló que la administración pública no ha manifestado formalmente qué los habilita para negociar los recursos minerales del Estado, como si fueran recursos privados sin seguir ninguna legalidad con cero publicidades, “al principio de la semana hicieron un despliegue publicitario, pero este se agotó cuando llegaron a la negociación económica”.
Se cuestionó sobre ¿cómo un Estado serio va a poder negociar temas que son ambientales, de salud pública que ya están regulados?
Precisó que la misma Corte Suprema de Justicia dijo que el instrumento que facultaba al Estado para tener relación con cualquier empresa minera es el Código Minero.
“Este Código Minero hace varios meses el ministro de Comercio dijo que nos olvidáramos de él, después como que rectificó y dijo que sí, pero nada de lo que están haciendo los funcionarios públicos actualmente se establece en el Código Minero. Están haciendo actividad pública y están tomando todo tipo de tiempo que corresponde a los panameños y a sus verdaderos quehaceres que están en la ley, pero los ignoran negociando algo que no están habilitados para hacer, algo que la ley no permite negociar, y que ya está establecido en un Código Minero”, sostuvo Mitchell.
