En la primera semana de enero, el gremio sostendrá reuniones con los tres órganos del Estado, con el objetivo de buscar una solución eficiente para el beneficio la ciudadanía honesta de este país.
| diciembre 20, 2021
Los gremios periodísticos y medios de comunicación se unieron la mañana de este lunes frente a las nuevas amenazas para reprimir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, con el único fin de silenciar a la opinión pública.
“La libertad de expresión y el derecho de la ciudadana de escoger cómo informarse ha estado bajo ataque durante suficiente tiempo y llegó el momento de poner un alto al acoso”, manifestó Guillermo Antonio Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), como parte del pronunciamiento conjunto que también suscriben el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR).
En conferencia de prensa, Adames agregó que el sistema judicial ha sido vulnerado “por la clase política y empresarios corruptos”, y existen precedentes que han demostrado la vulnerabilidad del sistema judicial y la incapacidad del Estado para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la población de informarse y expresar con libertad opiniones sobre la cosa pública.
“Ante este escenario, hemos citado a esta conferencia para dejar claro que no nos quedaremos callados ante nuevas amenazas para reprimir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión para todos los ciudadanos en Panamá, principios no solo establecidos en nuestra Constitución como una garantía fundamental de los ciudadanos, sino también en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria”, sentenció Adames.
Los gremios periodísticos recordaron al presidente Laurentino Cortizo que, en octubre de 2020, él mismo firmó, en nombre del Estado panameño, las declaraciones de Chapultepec, sobre libertad de prensa y de expresión, y de Salta, sobre los principios de libertad de expresión en la era digital.
Destacó que actualmente, la legislación panameña infringe estos acuerdos y convenciones, y permite la penalización de la calumnia e injuria; no establece límites en las cuantías para las demandas civiles y secuestros judiciales por supuestos daños morales; permite el secuestro de bienes de propiedad de medios de comunicación, y utiliza argumentos confusos ligados a delitos como la violencia de género, la violencia política y el maltrato de menores, para procesar penalmente a ciudadanos.
“Estas deficiencias institucionales que no tienen otro fin que silenciar la opinión pública, han permitido sistemáticamente el acoso, la persecución, la intimidación, las amenazas, en fin, la denigración de los ciudadanos en general”, remarcó Adames.
Adelantó que en la primera semana de enero, sostendrán reuniones con los tres órganos del Estado, “con el objetivo de buscar una solución eficiente para el beneficio la ciudadanía honesta de este país”.
Por su parte, Eduardo Quirós, vicepresidente para Panamá de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acotó que se han presentado demandas contra periodistas, directivos y medios de comunicación, por presuntos delitos contra el honor, causando un gran perjuicio al ejercicio del periodismo. “La defensa de esa honra no puede significar que ningún ciudadano se vea impedido de su derecho a la información”, apuntó.
Alejandra Araúz, presidenta del Fórum de Periodistas, expresó que “aquí tenemos que cerrar filas”, quien recalcó el papel de los medios de comunicación: “es un servicio público que ayuda a la ciudadanía a estar informada, y una sociedad informada está empoderada y exige rendición de cuentas a sus gobernantes”.
