Gobierno Nacional ha gastado $213.5 millones en consultorías

Desde el 1 de julio 2019 a la fecha, el gobierno ha gastado $213.5 millones en consultorías para decenas de entidades públicas, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En 2019, el gasto en ese rubro fue de $117.9 millones. En 2020, año en que empezó la crisis sanitaria producto de la pandemia por la Covid-19, lo desembolsado para esos fines alcanzó los $38.1 millones. Esta última cifra es el doble de lo que, por ejemplo, se le asignó al Instituto Conmemorativo Gorgas de la Salud, que ese año recibió $19 millones en presupuesto.

Mientras que en 2021, el desembolso en consultorías alcanzó los $57.5 millones. La entidad que más ha apostado a este tipo de servicio es el Ministerio de la Presidencia, a cargo del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Desde 2019 a la fecha, ha gastado $36.4 millones en ese concepto.

En ese grupo también están los ministerios de Salud, institución que ha liderado la gestión de la crisis sanitaria ($26.9 millones); y de Economía y Finanzas ($24.7 millones); así como el Metro de Panamá ($16.4 millones).

El Estado tiene presupuestado destinar $89.5 millones a la contratación de distintos tipos de consultorías para el 2022. A la fecha, en los primeros tres meses del año, de ese total presupuestado, se han ejecutado unos $2.9 millones.

Así lo detallan documentos entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), institución que dirige el ministro Héctor Alexander, al abogado Ernesto Cedeño, tras una solicitud de información formal presentada el pasado 27 de enero.

En consecuencia, el pasado 4 de marzo, Alexander entregó a Cedeño un informe de 30 páginas. En este se incluye una carta en la que se especifica que se proporcionan el “pago que ha emitido el Estado panameño en concepto de consultorías desde el 1 de julio de 2019, hasta la fecha, y el gasto proyectado en ese rubro para el 2022″.

La información también incluye lo que han gastado los municipios del país en este tema.

En total, el informe contempló a 79 entidades del gobierno de Laurentino Cortizo, que han usado fondos para la contratación de asesorías. Esto incluye ministerios y otras instituciones que conforman el gobierno central, así como instituciones descentralizadas, empresas públicas, e intermediaras financieras, como bancos estatales y superintendencias.

De estos grupos, el gobierno central ejecutó $122.9 millones; las empresas públicas $49.3 millones; las instituciones descentralizadas, $28.6 millones; mientras que y $10.9 millones fueron ejecutados por las intermediaras financieras.

Entre 2019 y 2021, se desembolsaron $213.5 millones en consultorías, y el Ministerio de la Presidencia, con $36.4 millones, encabeza la lista de instituciones que más han usado este tipo de contratación.

Buena parte de las consultorías que ha encargado la entidad, que está en manos del vicepresidente y ministro de la Presidencia José Gabriel Gaby Carrizo, incluye temas de comunicación, mercadeo y mercadeo digital, entre otros.

Solo entre 2019 y 2020, incluidos los meses más críticos de la pandemia por la Covid-19, fue noticia el hecho de que esta entidad otorgara contratos directos por más $2.6 millones a la empresa Mercadeo Integral, S.A. para servicios especializados de investigación de mercados y planeación estratégica de comunicación. Carrizo, en su momento, dijo que era para ayudar a los medios en un momento crítico de la pandemia.

El Ministerio de Salud (Minsa), que lidera el ministro Luis Francisco Sucre, también está en el grupo de entidades que más ha desembolsado en este asunto. El Minsa, que ha guiado la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia, destinó $26.9 en consultorías en 2019 y 2021.

Mientras que el propio MEF acumuló un gasto de $24.7 millones.

El Metro de Panamá, a cargo de Héctor Ortega, es la empresa pública que más destinó en este rubro, con $16.4 millones.

Hasta ahora, ningún ministerio, entidad descentralizada o empresa pública ha explicado qué tipo de consultoría contrata, sus costos, propósitos ni su alcance.

Entre las instituciones que presupuestaron altas cifras para consultorías en este 2022, está el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en manos de Rafael Sabonge. De acuerdo con los documentos que entregó el MEF, el MOP tiene contemplado gastar $11 millones en este rubro.

Otro que le apuesta en grande a este tipo de servicios es el Minsa, que presupuestó $11.3 millones para este concepto. El MEF tiene en agenda el uso de $9.8 millones para el mismo fin.

Mientras que la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) presupuestó $7.7 millones.

Precisamente, el gerente de Etesa, Carlos Mosquera Castillo, es uno de los funcionarios mejor pagados del gobierno. Recibe $12 mil 885 en salario, y otros $2 mil 539 en gastos de representación, lo que suma $15 mil 424.

Por su lado, el Ministerio de la Presidencia contempló en su presupuesto para 2022 gastar $4.8 millones.

La Asamblea Nacional, órgano del Estado que se destaca por sus múltiples contrataciones directas, anotó $350 mil para consultorías en 2022. Por ejemplo, en 2020, en los meses más críticos de la crisis sanitaria, el Legislativo, que en ese momento estaba presidido por el perredista Marcos Castillero, contrató los servicios de una empresa para una consultoría en estrategia comunicacional por $299 mil 600.

La contratación fue autorizada de forma excepcional, es decir, se escogió al contratista de forma directa. La Asamblea hoy está presidida por Crispiano Adames, también del oficialista Partido Revolucionario Democrático.

Cedeño presentó la solicitud de información al MEF, a raíz de reportes de contrataciones millonarias para el servicio de consultorías a diversas empresas de forma directa.

Luego de que el MEF entregara los montos, Cedeño presentó una carta a la Procuraduría de la Administración en la que solicita el procurador, Rigoberto González, inste al MEF a que presente un verdadero y completo desglose de lo ejecutado en términos de consultoría.

Cedeño hace un llamado a que el MEF “permita la fiscalización sobre los pagos” para determinar si ha habido mal uso de fondos estatales, pues considera esto no es posible con los montos en bruto que presentó el MEF en respuesta a su solicitud.