Madrid, 29 sep (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó hoy un delito de falsedad en documento oficial, castigado con entre 3 y 6 años de prisión, a los tres peritos de la Policía Científica que relacionaron los atentados del 11-M y ETA, ya que alteraron la fecha de su informe para darle apariencia oficial.
| septiembre 29, 2006
Madrid, 29 sep (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó hoy un delito de falsedad en documento oficial, castigado con entre 3 y 6 años de prisión, a los tres peritos de la Policía Científica que relacionaron los atentados del 11-M y ETA, ya que alteraron la fecha de su informe para darle apariencia oficial.
En un auto notificado hoy, el magistrado explica que Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano elaboraron en 21 de marzo de 2005 un informe sobre el ácido bórico encontrado en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los procesados por el 11-M, y lo presentaron a su jefe de sección, Francisco Ramírez, quien al discrepar de su contenido le dijo a Escribano que debía rehacerlo.
Garzón subraya que, en ese momento, el informe «tenía el carácter de documento interno no oficial en la Comisaría General de Policía Científica».
Ramírez ordenó a sus subordinados que eliminaran las observaciones que contenía el documento, que hacían referencia al hallazgo de ácido bórico en un piso franco de ETA en 2001 y en el domicilio de un «antisistema» en 1999, «al extralimitarse de lo que se les había solicitado y responder esas observaciones a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».
Según el auto, Escribano se negó a rehacer el informe y le sugirió a Ramírez que reasignase el caso a otro perito, «sin que conste que le devolvieran su informe original», que por tanto permaneció en poder del superior jerárquico.
Ramírez se reasignó a sí mismo el caso como perito -lo que según Garzón «estaba dentro de sus competencias como jefe de sección»-, a la vez que recibió de su subordinado otra copia del informe en formato informático, concretamente en un archivo de Word, «para que pudiera trabajar con el mismo, lo que efectivamente hizo redactando el informe oficial el día 22 de marzo de 2005».
Ese informe, el único que tuvo carácter oficial y que no contenía las observaciones antes citadas, fue el que se incorporó al sumario abierto por los atentados del 11-M en Madrid.
Garzón relata en su resolución que, en el día de ayer, la perito Isabel López le presentó un documento consistente en una copia del que habían elaborado el 21 de marzo de 2005, «que coincide con el publicado en el diario El Mundo» el pasado día 21.
Al presentar el documento al juez, López lo hizo como si fuera el elaborado en marzo de 2005, «sin advertir inicialmente que hubiera sido realizado en otra fecha».
Fuentes jurídicas informaron hoy, sin embargo, que en el curso del interrogatorio la perito se derrumbó y admitió que esta versión era falsa.
En realidad, según el auto, «el informe había sido extraído el día 11 de julio de 2006 de su archivo informático por el señor Escribano y firmado por él y por los otros dos peritos el mismo 11 de julio, pero con fecha de 21 de marzo de 2005».
Los tres peritos, además, presentaron una fotocopia del documento a su superior -que en ese momento ya no era Ramírez, sino otro jefe de sección apellidado Andradas- «sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento».
Andradas incluso firmó un «recibí» al hacerse cargo del papel, sin que -insiste el juez- «aludieran los ahora imputados a que no era el documento entregado por ellos el 21 de marzo de 2005, sino otro preparado al efecto en el mes de julio de 2006».
«Con ello queda indiciariamente acreditada la intención de producir un efecto oficial de un documento, que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior (un año y casi 4 meses después)», dice Garzón.
El magistrado concluye que a la vista de los documentos que le han sido presentados y de las declaraciones prestadas por los implicados en los hechos «no queda otra alternativa que la de cambiar la condición de testigos» de los tres peritos «a la de imputados».
Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano deberán comparecer nuevamente ante Garzón el próximo día 18, pero esta vez acompañados de abogado dada su nueva condición de imputados por un delito del artículo 390.2 del Código Penal.
Este precepto establece que «será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años», la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad «simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad».
El juez adoptó esta decisión después de recabar amplios informes policiales sobre el ácido bórico -la sustancia en la que los peritos pretendían sustentar la relación entre el 11-M y ETA- en los que se concluye que este producto no sirve para fabricar explosivos, que tiene usos comunes y que está al alcance de cualquiera.
Además, el magistrado tomó ayer declaración a los tres peritos que falsearon el informe y al comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, y hoy interrogó al jefe de sección Francisco Ramírez y al secretario general de este departamento policial.
