En cuanto a la última decisión de la Corte, Valiente expresó que parece que los magistrados de la máxima corporación de justicia han fallado correctamente, pese a un salvamento de voto de una de las magistradas que, según él, ya ha tenido cuatro actuaciones que no se ajustan a la estricta justicia.
Dos secuestros por el orden de los 16 millones de dólares mantuvo la Corte Suprema de Justicia contra las empresas FCC y Meco, a raíz de una demanda en su contra iniciada en 2013 por Sonama S.A. y Sonamá Panamá.
Así lo anunció Manuel Valiente, representante legal de ambas compañías, que desde 2013 mantienen un proceso por 25 millones de dólares contra el consorcio ICA-FCC-Meco, encargado de la construcción del PAC-4 (Pacific Access Channel 4), situado en el Canal de Panamá para los trabajos de extracción y movimiento de tierra del proyecto.
En cuanto a la última decisión de la Corte, Valiente expresó que parece que los magistrados de la máxima corporación de justicia han fallado correctamente, pese a un salvamento de voto de una de las magistradas que, según él, ya ha tenido cuatro actuaciones que no se ajustan a la estricta justicia.
El empresario español indicó que “nosotros llevamos casi 11 años y eso es un problema, porque la justicia tardía no es justicia. Una persona que se ha muerto ya no le puedes dar aire ni nada”, explicó Valiente en cuanto a la mora que mantiene el sistema judicial panameño para dictar un fallo final en su caso.
Valiente dejó claro que en el panorama actual no ha habido –ni habrá- acercamientos de la contraparte, ya que son “dos empresas muy potentes económicamente. FCC y Meco no están jugando a reconocer la verdad, si no ha intentar por otros medios políticos y por influencias judiciales”.
Afirmó que estas compañías ya han confesado el pago de sobornos en países como España, Colombia, Costa Rica y Panamá; sin embargo, solo en este último país, tras acuerdos de pena y la devolución de una cantidad de dinero, paseando a sus anchas y sin problema alguno.
Valiente destacó que mantiene sus dudas sobre la imparcialidad de la justicia en Panamá, debido a algunas decisiones nefastas de actores del sistema. Señaló que una de ellas, es el proceder del juez séptimo, que ha intentado levantar el secuestro contra orden de la Corte Suprema de Justicia.
Advirtió que, de no recibir justicia, deberá recurrir a un Tribunal de Arbitraje en Estados Unidos para entablar un proceso –caro y largo-, pero sería el Estado de Panamá el que tendría que pagar por una mala justicia y dejando impunes a dos empresas totalmente responsables.
Decidieron hacer negocios en Panamá al participar como subcontratista del consorcio integrado por ICA-FCC-MECO,
En 2013, ambas empresas se vieron obligadas a demandar a ICA-FCC-MECO por 25 millones de dólares en concepto de resarcimiento por daños y perjuicios, retenciones correspondientes y costas del proceso. Lo peor es que la pesadilla no termina, ya que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia siguen sin decidir el proceso que está en el sistema judicial desde 2013.
