Muchos de los fallecidos eran personas que presentaron en algún momento de su vida historial de presión arterial alta, diabetes o insuficiencia renal.
| julio 19, 2011
La justicia española resolvió el martes archivar definitivamente la investigación sobre una mayorista farmacéutica catalana que intervino en la compra de un jarabe contaminado que mató a centenares de personas en Panamá.
El caso, sobreseído inicialmente en abril, fue reabierto tras el recurso presentado en junio por un bufete de abogados que representa a casi 150 víctimas.
Sin embargo, la Audiencia Nacional entendió que no existe responsabilidad jurídica imputable a la mayorista de Barcelona Rasfer Internacional S.A. La decisión ya no puede ser apelada.
La historia se remonta varios años atrás, cuando la Caja de Seguro Social (CSS) licitó a la panameña Medicom S.A. la compra de glicerina para elaborar un jarabe.
Según las investigaciones, la empresa panameña adquirió el principio activo a la española Rasfer, que su vez la obtuvo de una compañía de China.
Tras este complejo proceso, la sustancia que llegó a Panamá no era glicerina para consumo humano, sino un tipo industrial que contenía dietilenglicol.
Con ese material se elaboraron y distribuyeron sendos jarabes para la tos y un antialérgico, así como dos lociones para la piel, que provocaron un envenenamiento de la población a finales de 2006.
Los abogados españoles tienen documentadas al menos de 250 muertes por los jarabes contaminados, aunque podrían ser muchas más.
El medicamento provocó a los afectados un síndrome que les hizo colapsar los riñones.
Muchos de los fallecidos eran personas que presentaron en algún momento de su vida historial de presión arterial alta, diabetes o insuficiencia renal.
En un auto de ocho páginas, el tribunal señaló que Rasfer "no manipuló el producto" y acusó directamente a la panameña Medicom de falsificar el etiquetado del fármaco, a sabiendas de que la glicerina que llegó de China no era apta para el consumo humano.
"Llama poderosamente la atención que se pretenda vincular a la administración española en una actividad delictiva llevada a cabo en territorio de Panamá y por una concreta actuación de una empresa panameña (Medicom), única responsable de que la glicerina de uso industrial se mezclara con todos productos para la elaboración de un fármaco", dijo el escrito.
