Durante más de cuatro años, el presidente de EEUU, George W. Bush, ha afirmado tener autoridad absoluta sobre la suerte de los 450 detenidos en Guantánamo, pero el revés de ayer del Tribunal Supremo le obliga a mirar al Congreso.
| junio 30, 2006
Durante más de cuatro años, el presidente de EEUU, George W. Bush, ha afirmado tener autoridad absoluta sobre la suerte de los 450 detenidos en Guantánamo, pero el revés de ayer del Tribunal Supremo le obliga a mirar al Congreso.
Legisladores republicanos se han manifestado en favor de la intervención del Legislativo después de que la máxima corte del país declarara ilegales las cortes militares especiales creadas por Bush para juzgar a los sospechosos de terrorismo encarcelados en la base de Guantánamo.
El republicano John Warner, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, afirmó que será una «prioridad» la puesta en marcha de un mecanismo para enjuiciar a los detenidos, algunos de los cuales llevan presos desde que se abrió la cárcel a principios del 2002.
La misma disposición manifestó el republicano Lindsay Graham, otro miembro del Comité.
«Según el Tribunal Supremo, se necesita la aprobación del Congreso (para las cortes especiales) y estoy de acuerdo con eso, por lo que espero que logremos elaborar un estatuto del que esté orgullosa la nación y que permita juzgar a los combatientes enemigos en una corte militar», dijo.
«Combatientes enemigos» es el nombre que se inventó la Casa Blanca para designar a los presos en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba), que son sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda o al grupo fundamentalista afgano Taliban.
Warner afirmó que convocará audiencias sobre el asunto para después del receso legislativo con motivo de la festividad del 4 de julio en EEUU.
La buena disposición de los legisladores de su partido es la respuesta buscada por Bush, que inmediatamente tras conocer el dictamen apeló al Congreso para que diese su visto bueno a las cortes.
Sin embargo, no podrá convencerles de que simplemente añadan su firma a la orden que él dictó cuando creó las cortes contra el terroristas en noviembre del 2001.
En su decisión, el Tribunal Supremo afirmó que esos tribunales violan el derecho militar estadounidense y las cuatro Convenciones de Ginebra, que regulan el trato a los enemigos capturados en una guerra.
El juez John Paul Stevens, en nombre de la mayoría del Supremo, señaló en el dictamen que las cortes que juzguen a los presos de Guantánamo deben «incorporar al menos las protecciones judiciales mínimas que han sido reconocidas por el Derecho Internacional».
A su juicio, las normas que regulan las cortes creadas por Bush no lo hacen.
Stevens criticó en especial que permitan la introducción de pruebas secretas contra el acusado que la defensa nunca llegaría a conocer.
Los comentaristas conservadores han puesto el grito en el cielo por la decisión del Tribunal y alguno ha llegado a llamar a los cinco magistrados que votaron a favor «jueces de Al Qaeda».
No obstante, los congresistas republicanos han adoptado un tono mucho más moderado y han dejado entrever que será necesario cambiar las normas que rigen los tribunales contra terroristas.
«Estoy seguro de que procuraremos una forma de hacer justicia según nuestras leyes y el Derecho Internacional», afirmó Warner.
Pero esa perspectiva difiere del camino adoptado ahora por la Casa Blanca, que ha negado que el Derecho Internacional, en forma de las Convenciones de Ginebra, se aplique en Guantánamo.
Sus cortes tampoco respetaban los principios judiciales normales del Derecho Civil y Militar estadounidense.
Por ejemplo, permitía el uso de confesiones obtenidas tras interrogatorios bajo coerción y limitaba de forma extraordinaria las posibilidades de apelación de la sentencia a un tribunal civil.
Aunque el Supremo no se pronunció sobre la legalidad de las detenciones indefinidas en Guantánamo, su dictamen ha aumentado la presión para cerrar la cárcel.
El portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, dijo hoy que el Gobierno no dará su brazo a torcer. «Se cerrará cuando se termine de lidiar con los casos de la gente que está en Guantánamo», afirmó.
El Gobierno había usado la existencia de las cortes especiales como una muestra de que Guantánamo no es un territorio sin ley.
