El ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, que fue depuesto por el Congreso de su país en 1997, quiere que el Gobierno de Rafael Correa investigue el «golpe» que le sacó del poder, según dijo en una entrevista publicada hoy.
| julio 14, 2009
"Si reclamamos por el golpe a (Manuel) Zelaya", presidente de Honduras destituido el pasado 28 de junio, "tenemos que aprender a reclamar por el golpe a Bucaram", señaló el ex mandatario al diario El Universo.
Bucaram, que gobernó Ecuador de agosto de 1996 a febrero de 1997, fue destituido por el Parlamento por "incapacidad mental para gobernar", decretada sin examen médico ni derecho a la defensa, y desde entonces vive asilado en Panamá.
Las declaraciones del ex presidente se dieron en el marco de los acuerdos, que según la prensa, realizan los asambleístas del partido oficialista, Movimiento PAIS, para conformar la nueva Asamblea Nacional con diferentes partidos.
Bucaram señaló que el posible acuerdo de su partido, el Partido Roldosista de Ecuador (PRE), encabezado en la Asamblea por su hijo Dalo Bucaram, con PAIS se daría porque es partidario de "la eliminación de la partidocracia".
"Somos parte de un proyecto político que vamos a respaldar hasta el último día del Gobierno por eso, respaldamos al presidente (Rafael Correa), reconociendo las diferencias que tenemos con ellos", agregó.
Por otro lado, Bucaram, sobre el que pesan varias causas judiciales por supuesta malversación de fondos públicos durante su mandato, se refirió a la posibilidad de volver a Ecuador.
"Yo puedo volver cuando me dé la gana, mis juicios están prescritos. Yo estoy acá (en Panamá) por seguridad, porque es obvio que Bucaram no puede prestarse para continuar un proceso ilegal y meterse en una prisión para que lo maten", declaró.
Pese a sus afirmaciones, el pasado junio, la Corte Nacional de Justicia negó un recurso presentado por la prescripción de dos juicios que tiene pendientes.
La defensa de Bucaram había pedido la anulación de los procesos, al considerar que ya se habían cumplido los diez años de sanción penal que estipulan las leyes nacionales para casos de malversación de dinero público.
Sin embargo, la Corte sostuvo que la figura de prescripción sólo puede aplicarse cuando los procesos han entrado en la etapa de sentencia o luego de esta o si el acusado hubiere recibido un auto de sobreseimiento, por lo que las acusaciones contra el ex mandatario estarán vigentes hasta 2017.
