Ecuador es uno de los pocos países de América donde se mantienen las llamadas «leyes de desacato», muchas de ellas elaboradas durante dictaduras militares. México, Panamá, Brasil, Uruguay y Costa Rica las han derogado en los últimos años y la Corte Constitucional de Colombia las examina actualmente, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
| mayo 27, 2011
Expresar una opinión que ofenda al presidente o a una autoridad puede significar una pena de prisión o una demanda millonaria en Ecuador, una perspectiva a la que se enfrentan actualmente una veintena de periodistas, según la ONG Fundamedios.
Ecuador es uno de los pocos países de América donde se mantienen las llamadas "leyes de desacato", muchas de ellas elaboradas durante dictaduras militares.
México, Panamá, Brasil, Uruguay y Costa Rica las han derogado en los últimos años y la Corte Constitucional de Colombia las examina actualmente, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ecuador va contra corriente y su uso ha aumentado, según dijo a Efe César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización no gubernamental que acaba de presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que se supriman esas normas.
"El delito de desacato y la difamación criminal son problemáticos porque limitan el debate público que debe existir en toda sociedad democrática", dijo a Efe desde Washington José Miguel Vivanco, encargado de América Latina en Human Rights Watch, una de las principales asociaciones de derechos humanos del mundo.
Una de esas demandas la interpuso en marzo pasado el presidente del país, Rafael Correa, contra directivos y un editorialista del diario El Universo, para los que ha pedido tres años de prisión y una indemnización de 80 millones de dólares.
El motivo es un artículo de opinión que decía que Correa había ordenado abrir fuego "a discreción" contra el hospital en el que estuvo retenido el 30 de septiembre de 2010 durante un alzamiento policial.
El gobernante, que mantiene una relación muy tensa con los principales medios de prensa privados del país, ha aseverado que se trata de "una acusación gravísima" y ha invitado a todos los ciudadanos a responder como él "a esa prensa corrupta cuando los difame".
