El Consejo de Gabinete del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo aprobó la contratación el 10 de enero de 2024, y la Contraloría General de la República lo refrendó el 2 de febrero. Sin embargo, según la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación, el proceso no fue transparente ni se siguió el debido proceso, a la vez que se impidió la participación de otros oferentes.
Un contrato por 4.8 millones de dólares, adjudicado por el Ministerio de Salud (MINSA) para la celebración de una conferencia mundial sobre tabaco, fue denunciado ante la Procuraduría General de la Nación por los presuntos delitos de fraude en la contratación pública, asociación ilícita, falsedad ideológica y contra la seguridad informática.
Se trata del contrato que el MINSA adjudicó a la Sociedad SMG Latinoamérica LLC, que administra el Panamá Convention Center, para la organización de la Décima Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se llevó a cabo durante la primera mitad del mes de febrero.
El Consejo de Gabinete del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo aprobó la contratación el 10 de enero de 2024, y la Contraloría General de la República lo refrendó el 2 de febrero. Sin embargo, según la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación, el proceso no fue transparente ni se siguió el debido proceso, a la vez que se impidió la participación de otros oferentes.
La denuncia se presentó el pasado 13 de septiembre contra quien resulte responsable. La acción legal fue planteada por el presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, Hitler Cigarruista, y se basa en los delitos tipificados en los artículos 290, 291, 329, 364, 365, 366 y 366-a del Código Penal.
La contratación mencionada en la denuncia se realizó mediante un procedimiento excepcional entre el MINSA y la empresa que opera el Panamá Convention Center, y según el denunciante se vulneraron los principios de transparencia, igualdad y libre competencia, pilares fundamentales en los procedimientos de elección de contratistas por parte del Estado.
Entre las pruebas aportadas destaca que el acto de procedimiento excepcional no fue publicado en el portal Panamá Compra en el plazo de ley, sino que el sistema habría sido modificado posteriormente de forma “ilegal” para incluir esta documentación con fecha de octubre de 2023, pese a que no estaba disponible pocos días antes de iniciarse la COP10 en febrero de este año.