En la queja presentada a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por la madre de la menor se establece que su hija quien usaba trenzas desde muy pequeña recibía el acoso de los propios directivos del centro educativo, los cuales la hacen sentir discriminada
A través de la resolución 1613, emitida por la Defensoría del Pueblo, se recomienda al Ministerio de Educación (Meduca), dar continuidad y seguimiento al caso, a fin de atender y resolver los conflictos, de tal forma que la mejor decisión esté basada en el interés superior del niño.
En la queja presentada a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por la madre de la menor se establece que su hija quien usaba trenzas desde muy pequeña recibía el acoso de los propios directivos del centro educativo, los cuales la hacen sentir discriminada.
En la queja la madre de la afectada indica que el dia lunes 14 de marzo, cuando su hija ingresó por primera vez a la escuela, enseguida tuvo problemas, ya que fue discriminada por el peinado que llevaba, tipo trenzas
Manifestó en su queja que el acoso recibido por los directivos de centro educativo ha sido tal que su hija se siente discriminada, y no està contenta con el trato que ha recibido, desde que iniciaron las clases.
En la resolución se le pide a los directivos del Instituto José Dolores Moscote aplique el mayor estándar y prioridad de atención que requiere la población escolar.
También se le solicita al Meduca que instruya a los Directores Regionales para que realicen jornadas de capacitación a los docentes sobre la Ley 7 de 14 de febrero de 2018, que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones.
Además se le pide que en los seminarios se incluya la Ley 285 de 15 de febrero de 2022., Que Crea el Sistema de Garantía de Protección Integral de los Derechos de los Niñez y Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) a fin de promover deberes y derechos humanos de la niñez y adolescencia.
La Defensoría del Pueblo tendrá entre sus atribuciones investigar los actos u omisiones de las autoridades y de los servidores públicos que impliquen violaciones a los derechos establecidos en el Título III de la Constitución Política de la República, los demás derechos constitucionales, así como aquellos previstos en Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado panameño.
