Fueron acusadas de suministrar fondos para llevar a cabo el atentado en la plaza pequinesa.
| junio 16, 2014
Un tribunal de Xinjiang ha condenado a muerte a tres personas por su papel en el atentado efectuado en octubre pasado en la plaza Tiananmen, en Pekín, en el que murieron un ciudadano chino y una turista filipina cuando tres miembros de una familia de Xinjiang lanzaron el coche en el que iban contra los visitantes que cada día abarrotan la popular plaza e incendiaron el vehículo. Los tres atacantes también murieron. El tribunal ha sentenciado a otra persona a cadena perpetua y a cuatro más a penas de cárcel que van de cinco a 20 años por el mismo motivo, según han informado este lunes la agencia oficial Xinhua y la cadena de televisión pública CCTV.
La decisión se produce en medio de la campaña antiterrorista de un año de duración a escala nacional puesta en marcha por el Gobierno tras la cadena de ataques contra civiles ocurridos en los últimos meses tanto dentro como fuera de Xinjiang, región autónoma del oeste del país, hogar de la minoría musulmana uigur.
El atentado en Tiananmen –el primero en sacudir la capital china en los últimos años– supuso el inicio de lo que parece un cambio de estrategia de la insurgencia contra el Gobierno en Xinjiang puesta en marcha por radicales. Hasta entonces, los ataques armados que regularmente castigan a esta zona del noroeste de China rica en recursos naturales se producían dentro de la región autónoma y se dirigían contra comisarías de policía y miembros de las fuerzas de seguridad. Desde entonces, se han expandido a otras provincias de China, aunque no han dejado de afectar a Xinjiang.
El 1 de marzo pasado, 29 personas que se encontraban en la estación de tren de Kunming (capital de la provincia sureña de Yunnan) fallecieron y 143 resultaron heridas a causa de las cuchilladas asestadas durante un asalto llevado a cabo por “un grupo de separatistas de Xinjiang”, según los denominó el Gobierno. La policía respondió y mató a cuatro de los atacantes, entre ellos, una mujer. El mes pasado, 39 personas murieron y más de 90 resultaron heridas en un ataque con explosivos en un mercado callejero en Urumqi (capital de la región autónoma). La policía mató a cuatro de los terroristas y un quinto fue detenido.
Xinjiang es cuna de un fuerte movimiento separatista, y muchos uigures sienten un gran rechazo hacia el Gobierno central de Pekín por lo que consideran la represión de su religión y su cultura. Asociaciones de uigures en el exilio y grupos de defensa de los derechos de esta minoría afirman que el hecho de que la política oficial dé mano dura en la zona está detrás de los brotes de violencia. Los uigures se quejan también de que el control político y económico de Xinjiang está en manos de los han, la etnia mayoritaria en China.
Pekín afirma que los responsables de la violencia son terroristas motivados por el extremismo religioso, que buscan la independencia de Xinjiang y tienen conexiones con grupos islamistas en el extranjero. Dice que quieren crear un estado propio llamado Turkistán Oriental. Frente a las acusaciones de represión y dominio económico, asegura que ha llevado el progreso a la región y ha mejorado el nivel de vida de la gente. Los uigures representan el 47% de la población de Xinjiang y los han, el 38%, según datos del Gobierno regional de 2011. El resto pertenece a otras minorías.
Las autoridades evitan identificar a los responsables de los atentados como uigures para no demonizar a todo el grupo étnico, pero al llamarlos habitualmente extremistas de Xinjiang la asociación está clara. Todos los sentenciados por el atentado en Tiananmen parecen tener nombres de origen uigur.
La policía ha detenido a docenas de personas en Xinjiang en las últimas semanas por difundir propaganda extremista, por posesión de armas y otros delitos. El 28 de mayo, un tribunal de Xinjiang anunció en un estadio deportivo con 7.000 personas las condenas a 55 acusados de asesinato y terrorismo, entre otros crímenes, en un despliegue que recordó a las humillaciones y denuncias públicas comunes en China durante la Revolución Cultural (1966-1976). El acto público –en la ciudad de Yining (prefectura de Yili)– estuvo destinado a demostrar la “determinación resuelta (de las autoridades) de reprimir con energía las (llamadas) ‘tres fuerzas”, según dijeron las autoridades, en referencia a separatismo, extremismo y terrorismo.
