CAF plantea importancia de establecer agenda de integridad para mejorar institucionalidad en la región


Una encuesta refleja que gran parte de los ciudadanos considera a la corrupción como el principal problema en sus respectivos países



| diciembre 12, 2019


Celia Douglas

Según el Reporte de Economía y Desarrollo 2019 de CAF, titulado Integridad en las políticas públicas, claves para prevenir la corrupción, la percepción de la incidencia de corrupción en América Latina y el Caribe es ligeramente mayor que en el resto del mundo, y mucho mayor que en regiones más desarrolladas.

El reporte encuentra que el 51 por ciento de los latinoamericanos consideran que la corrupción es el principal problema de sus países, incluso por encima de las condiciones económicas, el acceso a la vivienda y servicios o la inseguridad.

El reporte destaca la importancia de establecer una agenda de integridad que contemple acciones en cuatro ámbitos básicos, utilizar reglas y control en la función publica, fomentar mecanismos transparentes de entrada a la política y cargos públicos, proveer información de calidad para el monitoreo ciudadano y mejorar las regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado.

Gustavo Fajardo, economista principal de CAF, resume que los desafíos son similares para toda la región.

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, reconoce que el país tiene desafíos importantes para lograr mayor rendición de cuentas e implementar controles de prevención a la corrupción a través de los principios de un gobierno abierto.

Datos de la Encuesta CAF 2019 muestran que, en promedio entre las ciudades latinoamericanas encuestadas, el 57 por ciento de los individuos creen que sus conciudadanos castigan la corrupción menos de lo necesario, incluso sugiere que una tercera parte de la población no reconoce como actos de corrupción actos hipotéticos que describen situaciones donde hay tráfico de influencias o negociaciones incompatibles con la función publica.

Detalles del informe con Sergio Rivera

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