Washington, 17 oct (EFE).- El presidente de EEUU, George W. Bush, firmó hoy la controvertida ley que autoriza duros métodos de interrogatorio y crea tribunales militares para juzgar a sospechosos de terrorismo, como los que están detenidos en Guantánamo (Cuba).
| octubre 17, 2006
Washington, 17 oct (EFE).- El presidente de EEUU, George W. Bush, firmó hoy la controvertida ley que autoriza duros métodos de interrogatorio y crea tribunales militares para juzgar a sospechosos de terrorismo, como los que están detenidos en Guantánamo (Cuba).
El mandatario aseguró que la nueva norma es una «pieza clave» en la lucha contra el terrorismo.
La oposición del Partido Demócrata y las organizaciones de derechos humanos por el contrario la consideran una herramienta que autoriza la tortura y la detención indefinida de personas contra las que no se han presentado cargos formales.
La llamada «Ley de Comisiones Militares» ayudará «a salvar vidas» y a garantizar la seguridad del país, aseguró Bush en una ceremonia en la Casa Blanca, rodeado por los principales miembros de su gabinete, congresistas y mandos militares.
Con esta normativa, que dedicó a las víctimas de los atentados del 11-S de 2001, «los hombres que nuestros funcionarios de inteligencia sospechan que orquestaron el asesinato de casi 3.000 personas tendrán que enfrentarse a la justicia», dijo el presidente, en alusión a los autores de los ataques de hace cinco años en EEUU.
Según Bush, la nueva legislación «ayuda a garantizar la seguridad de este país» y envía un claro mensaje al resto del mundo, de que EEUU «nunca» cederá ante las amenazas a su «libertad».
El gobernante y sus correligionarios republicanos introducirán esta ley en su lista de logros en materia de seguridad, con vistas a las elecciones legislativas del próximo 7 de noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.
El Comité Nacional Republicano difundió hoy un comunicado, inmediatamente después de la promulgación de la ley en el que señalan que «los demócratas dejarían libres a los terroristas».
El Partido Demócrata ha replicado que los republicanos «politizan» el debate sobre el trato a los sospechosos de terrorismo y de interesarse más por ganar votos que por elaborar una norma justa y efectiva en la lucha contra el terrorismo.
Para el senador demócrata Patrick Leahy, el de hoy «es un día triste» porque se ha dado el visto bueno a una ley que «debilita» las libertades y «asalta» la Constitución estadounidense.
Más duras aún son las críticas de las organizaciones civiles, como el «Centro para los Derechos Constitucionales», un grupo de derechos humanos que denuncia el duro golpe a la democracia que supone la nueva normativa.
Es una ley, según esta organización, que «otorga poder al presidente para autorizar la tortura y mantener en prisión a alguien de forma indefinida».
Para la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), representa «una de las peores medidas promulgadas en la historia de EEUU».
La legislación tampoco gusta a algunos grupos religiosos, cuyos seguidores se han manifestado ante la Casa Blanca, mientras el presidente presidía la ceremonia de la promulgación, con lemas como «Bush es el terrorista» o «La tortura es un crimen».
Las mayores críticas a la ley se centran en que no incluyen el derecho de los extranjeros detenidos como sospechosos de terrorismo a presentar un recurso de ‘habeas corpus’, un derecho internacional por el que se puede cuestionar la ilegalidad de una detención, así como las condiciones y malos tratos que se hayan podido sufrir.
El texto protege a los detenidos de abusos flagrantes durante los interrogatorios, como puede ser la violación o el trato «cruel e inhumano», pero no requiere que puedan contar con un abogado.
Bush insistió hoy en que los tribunales militares que regula la nueva legislación serán «legales, justos y necesarios».
El presidente se ha visto obligado a pedir al Congreso que preparase esta normativa, después de que en junio pasado el Tribunal Supremo fallara en contra de los tribunales militares establecidos por el Pentágono en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba).
El Supremo consideró entonces que esos tribunales violaban tanto las leyes estadounidenses como el derecho internacional y dejó en manos del Congreso la tarea de elaborar una ley sobre el trato y enjuiciamiento de presuntos terroristas.
