Los acreedores buscan embargar activos tras la sentencia a su favor la semana pasada.
| junio 24, 2014
Los abogados norteamericanos que representan a Argentina en EE UU presentaron este lunes una carta al juez de Nueva York Thomas Griesa para que suspenda la sentencia en contra del país sudamericano y a favor de los fondos buitres y otros acreedores que litigan por la suspensión de pagos de 2001. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner busca así que se abra una nueva instancia de negociación sobre la forma de pago a esos demandantes, que exigen el 100% de lo adeudado al contado.
En declaraciones a la prensa, el fondo buitre NML ha admitido que podría aceptar que se le abone con títulos públicos, pero en los tribunales ha pedido información a las petroleras norteamericanas Exxon Mobil, Chevron, Apache y Dow Chemical por sus negocios en común con la reestatalizada YPF, en un nuevo intento por embargar activos del Estado argentino. La bolsa de Buenos Aires, mientras tanto, celebraba este lunes el giro conciliador de Fernández con una subida de más del 7%.
El fallo del juez Griesa estableció que Argentina deberá pagar en efectivo 1.330 millones de dólares a los litigantes antes de seguir abonando a los acreedores que aceptaron canjear los bonos de 2001 por otros con una quita en 2005 y 2010. El país sudamericano sostiene que carece de los fondos para enfrentar esos 1.330 millones porque sostiene que existen demandas por un total de 15.000 millones y por eso ha anunciado que no podrá pagar a los tenedores de la deuda reestructurada un vencimiento el próximo lunes. Argentina tiene un periodo de gracia hasta el 30 de julio para evitar una suspensión de pagos con estos acreedores.
En un intento por evitar los plazos para resolver el conflicto, los abogados de Buenos Aires han pedido al juez que se suspendiera la ejecución de la sentencia. El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, dijo este lunes que así Argentina podría pagar en una semana a los acreedores de deuda reestructurada mientras abre un “diálogo en condiciones justas, equitativas y legales” con los buitres. Kicillof recordó que si su país ofrece a los litigantes una paga mejor que los que aceptaron los canjes, debería también compensar también a estos últimos, según una cláusula de los bonos emitidos en 2005 y 2010 que vence a finales de este año. Además, una ley argentina prohíbe al Ejecutivo negociar con los que rechazaron la reestructuración. Para salvar estos escollos legales para una negociación, el país sudamericano podría buscar que un banco intermedie.
Por otra parte, el juez federal estadounidense Thomas Griesa nombró anoche a un abogado de Nueva York, Daniel Pollack, para presidir las negociaciones entre Argentina y los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
