El Congreso, con el voto del kirchnerismo y el rechazo de la oposición, establece que el pasivo se abonará en Buenos Aires si los acreedores lo aceptan.
| septiembre 11, 2014
Buenos Aires había depositado en el agente fiduciario de la deuda reestructurada en 2005 y 2010, The Bank of New York Mellon, los intereses que vencían julio, pero esos fondos no llegaron a destino porque una sentencia definitiva de EE UU ha establecido que primero debe pagarse a los fondos buitre y otros acreedores que rechazaron aquella refinanciación. El Gobierno de Fernández se niega a aceptar ese fallo porque aduce que los que aceptaron la reestructuración podrían demandar el mismo tratamiento que los litigantes. Para sortear lo que las agencias de riesgo crediticio han calificado como impago parcial, ha impulsado la ley que se aprobó este jueves con 134 votos a favor, 99 en contra y cinco abstenciones de diputados que se negaron a posicionarse en el dilema “patria o buitres” que ha planteado la jefa de Estado.
A partir de la nueva ley, Argentina depositará el próximo día 30 un nuevo vencimiento de deuda bajo legislación de EE UU, Reino Unido y Japón en un nuevo agente fiduciario, la sociedad estatal Nación Fideicomisos, con sede en Buenos Aires. Si los acreedores no aceptan cobrar allí, podrán proponer otro país, siempre y cuando esté a resguardo de la justicia de EE UU. Varios diputados opositores, que negaron estar a favor de los buitres, opinaron que el cambio de lugar de pago provocará litigios de los tenedores del pasivo reestructurado. El Gobierno prevé que si esta modificación fracasa en lograr suficiente adhesión, ofrecerá a los inversores un canje por bonos con legislación argentina o francesa.
Los acreedores podrán aceptar el pago en Argentina o proponer otro país. Opositores temen que demanden a Buenos Aires
Dos días antes de la votación en el Congreso porteño, la Asamblea General de la ONU aprobó la petición de crear un marco para las reestructuraciones de deuda de países, de modo de evitar casos como el que sufre Argentina. La propuesta de Buenos Aires y el G77 (grupo de más de 133 países en desarrollo) recibió 124 votos a favor, 11 en contra (incluidos EE UU, Alemania, Reino Unido y Japón) y 41 abstenciones (incluidos España, Grecia, Italia, Francia y México, el único latinoamericano que no la apoyó).