Mencionan los asesinatos de civiles por parte de grupos paramilitares y los «abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario» por parte de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
| mayo 12, 2011
Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy que la población civil colombiana sufrió en 2010 "la peor parte del largo conflicto armado" y que tanto guerrilleros como paramilitares y fuerzas de seguridad fueron "responsables de abusos graves" contra los derechos humanos.
El informe anual de AI sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo en 2010, presentado hoy en Londres, resalta el cambio operado en Colombia en la lucha pro derechos humanos con la llegada al poder de Juan Manuel Santos en agosto pasado.
"En marcado contraste con el gobierno anterior, adoptó una postura menos hostil hacia los defensores y defensoras de los derechos humanos", según AI, que también resalta la presentación de "legislación sobre reparación a las víctimas y restitución de tierras" por parte del nuevo Ejecutivo.
No obstante, Amnistía refleja las "reservas" de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos sobre dicha legislación, al tiempo que recuerda que "los defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes sociales siguieron siendo víctimas de amenazas y homicidios".
Además, AI destaca que "los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como sus dirigentes, continuaron siendo blanco directo de las partes en conflicto".
AI también menciona los asesinatos de civiles por parte de grupos paramilitares y los "abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario" por parte de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sobre el escándalo de la parapolítica, AI señala que la Corte Suprema de Justicia avanzó "en sus investigaciones sobre los vínculos ilegales entre políticos y grupos paramilitares", que concluyeron con condenas a algunos exmiembros del Congreso.
Además, AI menciona la inhabilitación de la senadora Piedad Córdoba por un periodo de 18 años por haberse "extralimitado en su función de mediadora en las conversaciones" con las FARC.
Aunque la organización humanitaria señala que "se tuvo noticia de ejecuciones extrajudiciales" en un número menor que en años anteriores, resalta que "los progresos de las investigaciones penales de la Fiscalía General de la Nación sobre más de 2.300 de esos homicidios cometidos desde 1985 siguieron siendo lentos".
