Afectados por envenenamiento masivo expresan repudio a Torrijos por tragedia


En Panamá sólo permanece detenido Ángel de la Cruz, directivo de Medicom, mientras que los imputados, acusados por el delito contra la seguridad colectiva, suman 17, entre funcionarios y empresarios. En el piqueteo, los manifestantes entonaron la tamborera (ritmo típico panameño) «Nos quitó la vida» y portaron pancartas exigiendo «justicia, no impunidad».


Noticia Radio Panamá | Afectados por envenenamiento masivo expresan repudio a Torrijos por tragedia

| junio 17, 2009


Familiares de las víctimas del "jarabe maldito" que causó la muerte de más de cien personas en Panamá despidieron en un acto en el que repudiaron al Gobierno del presidente saliente del país, Martín Torrijos, por su "indolencia" ante los afectados.

La singular protesta, que reunió a un centenar de manifestantes e incluyó parodias teatrales, dos ataúdes, cruces mortuorias, cantos y un mitin en los predios de la presidencia panameña, fue convocada por el Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, que representa a los afectados por la intoxicación.

La "parodia, despedida de Martín" incluía también la puesta en escena de un juicio a los responsables por el envenenamiento masivo que, según los miembros del Comité de las víctimas, la administración de Torrijos no tuvo la voluntad de realizar.

El escándalo estalló en 2006, cuando se descubrieron numerosas muertes entre pacientes de la Caja Seguro Social (CSS) de Panamá que habían consumido medicinas que contenían dietileneglicol -no apto para el consumo humano- en lugar de glicerina pura, que era el componente correcto.

Según las investigaciones, el dietileneglicol fue traído desde China a pedido de la empresa española Rasfer Internacional, que a su vez lo reexportó a la panameña Medicom, proveedora de la CSS.

En Panamá sólo permanece detenido Ángel de la Cruz, directivo de Medicom, mientras que los imputados, acusados por el delito contra la seguridad colectiva, suman 17, entre funcionarios y empresarios.

En España están siendo procesados Rasfer Internacional y su gerente, Asunción Criado, a raíz de una querella presentada por las víctimas panameñas.

En el piqueteo, los manifestantes entonaron la tamborera (ritmo típico panameño) "Nos quitó la vida" y portaron pancartas exigiendo "justicia, no impunidad".

El coordinador del Comité, Gabriel Pascual, dijo que Torrijos "nunca tuvo la voluntad de buscarle una solución efectiva y eficiente a esta problemática".

Pascual indicó que además del juicio a los responsables, todavía hay asuntos pendientes como la atención en los centros hospitalarios a los sobrevivientes y afectados que todavía sufren las secuelas del envenenamiento, además de la justicia y el reconocimiento a las víctimas.

El dirigente dijo que no pueden entender que en España y China se haya hecho justicia en este caso y no en Panamá, lo que a su juicio tiene una sola respuesta: "Se protege a los amigos, a los intereses económicos y a los empresarios en contra de la población que fue víctima del envenenamiento".

También señaló que ni el Gobierno, ni el Ministerio Público (MP) tienen una cifra concreta de los afectados, que el Comité calcula en 760 personas fallecidas y más de 300 personas que quedaron con secuelas del envenenamiento.

La fiscalía especial del MP, que lleva el caso y ha recibido mas de 800 denuncias por los envenenamientos, reconoce, hasta mayo de 2008, 124 muertes, dijo un portavoz de la entidad.

En Panamá se distribuyeron más de 200.000 envases con el jarabe "por lo que hay que ver la cantidad real de personas afectadas", recalcó Pascual, quien perdió a su abuela y a su padre por las medicinas contaminadas.

El dirigente dijo que aún quedan muchas dudas por resolver en este caso y espera que la situación merezca la atención prometida por el presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli.

"Martinelli ha hecho un compromiso por escrito que debe asumir el 1 de julio cuando tome posesión, de lo contrario seguiremos en la calle luchando", afirmó Pascual.

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