Panamá ha hecho gala en los últimos años del grado de inversión y de ser una economía dolarizada y ha podido acceder al mercado a captar deuda en condiciones favorables.
| febrero 18, 2022
El gasto asociado a la deuda pública ha crecido en los últimos años, de la mano de una mayor contratación de préstamos y emisiones de bonos en los mercados de capitales.
En 2021, el servicio de la deuda fue de $4,869 millones. De ese total, $3,250 millones corresponden a pagos de capital, mientras que $1,619 millones se destinaron a cubrir intereses y comisiones.
En 2020, un año antes, el gasto en intereses y comisiones había sido de $1,460 millones y en 2019 de $1,284 millones, según la información de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Panamá ha hecho gala en los últimos años del grado de inversión y de ser una economía dolarizada y ha podido acceder al mercado a captar deuda en condiciones favorables.
El costo promedio ponderado del portafolio de deuda del país fue de 3.89% al cierre de diciembre, reflejando una disminución de 14 puntos básicos en comparación al cierre de diciembre 2020, según Financiamiento Público.
No obstante, el saldo de la deuda ha seguido una notoria tendencia ascendente en los últimos años para ubicarse al cierre de 2021 en $40,487.86 millones.
Un año antes, en diciembre de 2020, el saldo de la deuda del sector público no financiero era de $36,959.9 millones; y al cierre de 2019, antes de la pandemia, de $31,018.5 millones.
El aumento de la deuda está directamente vinculado a los déficits fiscales acumulados por el Gobierno en los últimos años.
El economista Ernesto Bazán dijo a este diario que si en lugar de déficits, el país tuviera superávits fiscales, no solo no necesitaría tomar más deuda, sino que podría tener un excedente para amortizarla, reduciendo así el pago de intereses a futuro y generando un ahorro para el país. Una disciplina que no se ha tenido en esta administración, pero tampoco en las dos que la precedieron, complementó.
El pago de intereses es ineludible para los países y por lo tanto tiene que estar considerado en los presupuestos nacionales.
Bazán apuntó que en la medida que crece el gasto en intereses, se tienen menos recursos para atender necesidades del país en salud, seguridad, educación o infraestructuras como carreteras o puentes, por citar algunos ejemplos.
Una mayor inversión pública incidiría además en un mejor desempeño de la economía.
Se espera que la tendencia inflacionaria que vive el mundo se traduzca en un aumento de las tasas de interés, un movimiento que ya se viene produciendo en los mercados desde el año pasado.
En ese escenario, lo más probable es que los costos de financiamiento se sigan elevando.
Tanto en 2022 como en los años siguientes, se espera que el país siga incurriendo en déficits fiscales, aunque menores a los registrados en 2020 y 2021.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal marca un límite del 4% del producto interno bruto, techo que se va reduciendo paulatinamente hasta un 1.5% en el año 2025.
Por lo tanto, el país tendrá que acudir a los mercados a captar los fondos para cubrir los déficits y también para hacer frente a refinanciamientos de emisiones que vencen.
Un escenario de incremento en las tasas podría elevar los costos de financiamiento e incidir, a futuro, en mayores gastos de intereses.
Para el economista, una de las recetas para contener el gasto en intereses es retomar la disciplina fiscal, regresando a balances con superávits o con déficits bajos.
Además, puso el foco en el tipo de gasto que se efectúa, ya que cuando el déficit se utiliza para financiar inversión pública, entonces la economía se reactiva y tiene un efecto multiplicador en el empleo y en el consumo, algo que no sucede en la misma medida cuando el destino de los fondos es el gasto operativo o de funcionamiento.
